La habilitación de carnicerías será potestad del Instituto Nacional de Carnes (INAC) desde 2021, según la ley de urgente consideración, informó su titular, Fernando Mattos. Indicó que se realizaron ocho reuniones con autoridades departamentales a fin de crear conciencia para que la faena sea oficial y segura y destacó que el INAC financia los estudios de ADN de los despojos de la carne incautada tras los abigeatos.

“Es política de esta administración darle más atención al mercado interno, que representa el destino del 30% de la producción bovina y ovina”, subrayó Mattos, en entrevista con Comunicación Presidencial. Con ese fin, el directorio del INAC realizó ocho reuniones regionales para dialogar con las autoridades locales y policiales y con privados, acerca de la situación del mercado interno y el cambio de normativa, que implica nuevas competencias para el instituto.

“Entendemos que promocionar adecuadamente la calidad de nuestras carnes debe partir de que hagamos bien las cosas, tener un mercado desarrollado, fortalecido y en buenas condiciones sanitarias. Además, está interconectada la comercialización de la carne con el objetivo de este Gobierno, que es el combate al abigeato, el control de la faena clandestina y los aspectos de la formalización judicial”, precisó.

El entrevistado recordó que en las giras por el interior del país también se intercambian opiniones acerca de la nueva disposición incluida en la ley de urgente consideración que le otorga al INAC, a partir del 21 de enero de 2021, el cometido de habilitar las carnicerías en todo el país. Esa exigencia es hoy atribución de los Gobiernos departamentales, por lo cual se deberá trabajar en coordinación con ellos.

“El objetivo es tener un mejor comercio, más transparente, más justo y seguro para la población”, acentuó el jerarca.

Rol del INAC en la Comisión Nacional Honoraria de Seguridad Rural

Mattos valoró que el INAC esté financiando los estudios de ADN para la conformación de prueba científica, al comparar los despojos de la faena que se encuentra en el campo o en vehículos con carne incautada en las viviendas de aquellas personas que almacenan el alimento luego de cometer el abigeato.

Aseguró que la evidencia obtenida es contundente a la hora de la intervención judicial porque provee importantes insumos para procesar las condenas. Acotó que la coordinación es tarea de las Jefaturas de Policía con su propio curso de investigación.

“Se han aumentado en forma importante las pruebas, lo que implica varios miles de dólares anuales en una inversión que sirve, porque contrarresta, define y condena a delincuentes y desestimula la práctica del abigeato, que tanto daño causa a la producción, porque, más allá del delito y de la pérdida económica, es una pérdida de carácter moral que desanima la inversión de productores y genera una cadena informal de comercialización de carne”, subrayó.

Enfatizó en la necesidad de generar conciencia acerca de los riesgos que un animal faenado irregularmente implica para la salud, por incluir una cantidad de residuos de vacunas o tratamientos antiparasitarios, entre otros.

“Es importante difundir el consumo de carne adquirida en locales seguros, carnicerías, supermercados y establecimientos comerciales habilitados, que responden a un producto donde la inspección veterinaria oficial intervino y dio el sello de seguridad sanitaria. Es muy importante no aceptar ofertas de carne muy barata, porque termina siendo cara, ya que se pone en riesgo la salud”, insistió Mattos.